En el contexto actual de crisis climática, las instituciones están impulsando la transición energética para reducir las emisiones de CO₂ y, por lo tanto, cumplir los objetivos del Acuerdo de París. Esta transición se caracteriza por la descarbonización de la economía, que pasa por la electrificación de los sectores productivos mediante la implementación de energías renovables no convencionales, fotovoltaicas y eólicas, a gran escala.
No todos los sectores son electrificables y es aquí donde entra en juego el hidrógeno verde como elemento necesario y esencial para la transición energética.
Los proyectos de hidrógeno activos actualmente son a pequeña escala o en fase piloto, hecho que dificulta determinar el alcance de los impactos vinculados a los proyectos a gran escala. En el informe ‘El rastro del hidrógeno’ (ver aquí) se han analizado desde una perspectiva ecofeminista los impactos climáticos, sociales, territoriales y de género que pueden generar proyectos como el del Complejo Petroquímico del Camp de Tarragona, el Proyecto de Hidrógeno Verde de Endesa y el Catalina I en Andorra (Teruel), el Yacimiento de hidrógeno geológico en Monzón, el corredor Vasco del hidrógeno o el Besaya H2 en Torrelavega.
Las principales afectaciones detectadas por las organizaciones locales son referentes al elevado consumo de agua y de energía renovable que requiere su producción, así como la priorización del gasto en megaproyectos industriales respecto la inversiones de carácter más social y comunitario.
En Chile, el principal país productor de hidrógeno verde en la América Latina, los impactos de los proyectos se los llevan las comunidades indígenas del Pueblo Chango, que ven como la biodiversidad de su costa se ve afectada por las desalinizadoras que pretenden alimentar de agua los proyectos de hidrógeno verde que se instalarán.
Texto: Ecologistas en Acción (ver aquí)
